Denuncia comunidad vasca persecución político-judicial por el gobierno mexicano

La comunidad vasca en México dio a conocer un manifiesto en el que destacan que “hace pocos días se realizaron elecciones en el País Vasco en un ambiente de relativa normalidad: por primera vez en una década se permitieron candidaturas relacionadas con la izquierda abertzale (patriótica), con lo que la coalición independentista Bildu (reunir) se constituyó en la segunda fuerza más votada y la primera en cargos electos.

“Esto aunado a la tregua permanente, incondicional y verificable decretada por ETA desde enero de este año, hace que en el País Vasco se vea posible la solución democrática del histórico conflicto y se abra el camino a la paz”.

En contraste con esto, subrayaron, “en nuestro país, la comunidad vasca sufre persecución política por parte del gobierno con la pretensión de criminalizarla y perseguir a la solidaridad con ella; dos hechos recientes ilustran esta intentona preocupante: la expulsión de Juan Carlos Rekarte y la detención arbitraria e ilegal de Luis Miguel Ipiña”.

En conferencia de prensa, los abogados defensores de Ipiña, Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero, destacaron que “este caso contiene muchas irregularidades. Tuvimos acceso al expediente el 20 de mayo de este año y nos enteramos que desde agosto de 2010 el Ministerio Público realiza investigaciones contra terrorismo internacional, terrorismo y delincuencia organizada contra varios ciudadanos vascos nacionalizados mexicanos. En el caso de Ipiña, se han tergiversado las pruebas.

“El Ministerio Público solicitó orden de cateo del domicilio de Ipiña con base en la revisión que realizó en la casa de Juan Carlos Rekarte, ciudadano vasco mexicano al que expulsó acusándolo de terrorista. En el cateo a la casa de Rekarte se llevaron una computadora personal, dos cd-rom, nueve USB y, con base en ello iniciaron investigación en contra de Ipiña”.

El abogado Rivero explicó: “Supuestamente en la computadora que se llevaron del domicilio de Rekarte extrajeron un correo en el cual Ipiña ofrecía venta de armas a Rekarte. En el cateo de la casa de Ipiña se llevaron una computadora y fabricaron pruebas, ya que dejaron un arma larga AK-47, pero resulta que las fotografías del arma que anexan como pruebas tienen un número de serie distinto al que está establecido en el acta de cateo; la computadora también tiene un número de serie distinto. Además, entre otras irregularidades que se cometieron, el Ministerio Público dice que la diligencia inició a las seis de la mañana y la perito en criminalística que recolectó las evidencias en el cateo dice que se inició a las cinco de la mañana, es decir, hubo toda una manipulación del lugar”.

No solo eso, subrayaron los abogados, “cuando inició la investigación contra Ipiña, el Cisen les mandó información y en la misma escribió un párrafo que dice ‘esta información de inteligencia no puede ser utilizada como evidencia ni en una investigación administrativa ni en un proceso legal’, y, sin embargo, con base en esa evidencia se pidió la orden de cateo”.

En el manifiesto que dio a conocer la comunidad vasca en México hacen notar que a partir de un material informático, supuestamente incautado en un cateo al domicilio de Rekarte después de su expulsión, se armó un expediente policial que es el pretexto para la ilegal detención de Ipiña, durante la cual se sembraron pruebas en su domicilio. A partir de un supuesto trabajo de inteligencia se intenta vincular a Ipiña con la Diáspora Vasca Xavier Mina y con activistas solidarios con el pueblo vasco, ubicando falsamente a estos dos últimos como parte de ETA”.

Subrayaron que Diáspora Vasca Xavier Mina es una asociación que hace trabajo público y transparente por los derechos civiles, culturales y políticos del País Vasco, no tiene ningún tipo de relación con ETA. “Ipiña, al igual que cientos de personas, ha asistido como público a algunas de las jornadas abiertas que realiza la Diáspora y solidarios mexicanos; esa es la única relación existente y no hay en ello acto criminal alguno”.

Por ello, sostienen, “entendemos que este montaje que mantiene a Ipiña en la cárcel con pruebas falsas tiene la finalidad de criminalizar, desvirtuar las actividades y perseguir el compromiso solidario de ciudadanos vascos mexicanos”.

Exigieron al gobierno mexicano el cese de todo tipo de actuaciones policiaco-judiciales arbitrarias, ilegales e injustas con fines políticos en contra de activistas y miembros de la comunidad vasca en México y en particular en el caso de Luis Miguel Ipiña Doña. “Exigimos al gobierno su inmediata liberación y hacemos responsables a las autoridades federales por lo que le pueda suceder a cualquier miembro de dicha comunidad o a mexicanos solidarios.”

El manifiesto lo firman Gilberto López y Rivas, Rosario Ibarra, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Héctor de la Cueva, José Luis García Zalvidea, Catalina Eibenschutz, Enrique González Ruiz, Alfredo Rojas Díaz Durán, Tomás Oropeza, Francisco Bravo, Pilar Noriega, Felipe I. Echenique Marchs, Carmen García Bermejo, Leonel Rivero, Augusto Sandino Rivero, Karla A. Mena, Moisés Elizarrarás Hernández, Francisco Barrios El Mastuerzo, Cuba Flores Aranda y Víctor María Ortiz, entre otros.

También lo signan organizaciones como la sección 9 y 10 de la CNTE, revista Guillotina, sección de trabajadores de la otra campaña, entre otros.

La Jornada

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