Luis Miguel Ipiña libre

Saludos.
Les escribimos estas lineas para comunicarles que a las 9 de la noche
hora México Luis Miguel Ipiña Doña quedara en libertad.
después de año y 5 meses privado de su libertad, bajo la acusación de
tener armas de uso exclusivo del ejercito, acusación que se dio después de una detención y cateos de su casa ilegales
como así lo ha ratificado el tribunal unitario en materia de amparo.
Agradecemos a todos los que se han solidarizado con el caso.
EHL Mexico

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Luis Miguel Ipiña en libertad!

Por medio de la presente, nos alegra comunicarles que el compañero vasco, preso político en México,
Luis Miguel Ipiña Doña a ganado el último amparo, por lo que en los próximos días va a recuperar su libertad.

Sin otro particular, les agradecemos su atención, su solidaridad y les invitamos a seguir las noticias relativas a dicho caso,
como a la actual situación del País Vasco/Euskal Herria.

Muchas gracias.
EHL Mexico

BOLETIN DE PRENSA SOBRE EL CASO DE LUIS MIGUEL IPIÑA DOÑA

El 28 de agosto del año en curso, la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, al resolver el juicio de garantías 16/2002, concedió a Luis Miguel Ipiña Doña, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Auto de Formal Prisión que le había decretado el Juez Segundo de Distrito del Estado de México, al considerarlo probable responsable del delito de Posesión de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
 
La Magistrada del Segundo Tribunal Unitario, en su sentencia de amparo consideró que el personal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), perteneciente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), actúo de manera ilegal durante la diligencia de CATEO y por lo tanto decretó que la pesquisa había sido ilegal. Lo anterior significa que toda evidencia (incluyendo el arma de fuego y los 5 cartuchos) que se haya recabado durante la diligencia de cateo no puede ser tomada en consideración como prueba de cargo, dado que deriva de una actuación ilegal que violento derechos fundamentales de Luis Miguel Ipiña Doña; luego entonces es previsible que se dicte un auto de libertad en favor de Luis Miguel Ipiña.
 
Defensa Estratégica en Derechos Humanos, A.C., está satisfecha con la decisión de la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario, porque repara las injusticias cometidas contra Luis Miguel Ipiña,  además  porque al resolver el juicio de amparo efectuó un control de convencionalidad respecto del alcance del principio de legalidad y del derecho  la inviolabilidad del domicilio, plasmados en la Carta Magna y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, actuación que se inscribe dentro del nuevo paradigma constitucional. 

 

 CONTEXTO DEL CASO
 
Luis Miguel Ipiña Doña, es un refugiado de origen Vasco que adquirió la nacionalidad mexicana en el mes de abril de 1987, desde hace varios años se dedica a laborar como chofer de taxi. Ipiña Doña,  fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones la madrugada del 20 de mayo de 2011 luego de salir de su domicilio ubicado en Santa Clara, Estado de México, justo en el momento en que se preparaba para abordar el taxi  en el que laboraba.
 
Luego de tener acceso a las actuaciones que integran la Causa Penal seguida en su contra, la defensa pudo establecer que la detención de Luis Miguel Ipiña, fue precedida de una investigación por Terrorismo, Terrorismo Internacional y Delincuencia Organizada iniciada a mediados del mes de julio de 2010 por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); indagatoria que está enfocada en las actividades personales de varios refugiados de la comunidad vasca en México, -entre ellos Luis Miguel Ipiña Doña- y de militantes  y simpatizantes de organizaciones sociales; para integrar la averiguación previa el Ministerio Público Federal no tuvo reparo en recurrir a la utilización de evidencias restringidas (informes de organismos de inteligencia nacionales y extranjeros) cuyo valor de acuerdo al estándar probatorio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el rango de prueba ilícita.
 
En su afán por criminalizar a los refugiados vascos, el Agente del Ministerio Público con fecha 16 de febrero de 2011, llevó a cabo una diligencia de cateo en el domicilio de Juan Carlos Recarte (ciudadano de origen vasco cuya permanencia en México era irregular, motivo por el cual fue expulsado por las autoridades migratorias el 29 de noviembre de 2010). Durante el desarrollo de la pesquisa el Fiscal federal incautó diversos equipos de cómputo cuyo contenido fue manipulado[1] por el personal ministerial con el afán de involucrar a diversas personas con la organización ETA, entre ellas a Luis Miguel Ipiña Doña.
 
Como se ha hecho mención, a partir de la utilización ilegal de evidencias (informes de inteligencia, manipulación de archivos informáticos, informes policíacos inexistentes) el 18 de mayo de 2011, el Ministerio Público Federal, solicitó al Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, una orden de cateo en el domicilio particular de Luis Miguel Ipiña Doña; de manera totalmente irregular el Juzgador obsequió la orden de cateo sin analizar concienzudamente los argumentos del fiscal federal y sin  tomar en consideración que éste  había sustentado su petición con base en evidencias ilícitas.
 
Como también se ha referido, en las primeras horas del 20 de mayo de 2011, Luis Miguel Ipiña Doña fue detenido en el momento en que se disponía a iniciar sus labores; luego de ser sometido de manera violenta por varios elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, pudo percatarse que un número considerable de personas ingresaron al interior de su domicilio particular en el cual permanecieron alrededor de dos horas, posteriormente fue trasladado a bordo de un vehículo hacia las instalaciones de la SIEDO, en donde permaneció incomunicado durante varias horas, el Agente del Ministerio Público en todo momento  intentó coaccionarlo para que firmara un Acta de Cateo en la cual constaba que en el interior del domicilio de Luis Miguel Ipiña se había encontrado un arma larga (AK-47), el Ministerio Público también, intentó sin éxito, obligarlo a que aceptara su pertenencia a la organización ETA y que sus actividades en México consistían en realizar tráfico de  armas,  al no lograr su objetivo, el fiscal federal  procedió a tomarle su declaración designándole como su abogado a un defensor de oficio[2], el cual también de manera infructuosa por medio de preguntas insidiosas intentó que Ipiña aceptara que había  cometido el delito que se le imputaba (Posesión de Arma de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales). Sólo hasta después de que Luis Miguel Ipiña concluyó su declaración ministerial se le permitió realizar una llamada.
 
No obstante de que en el transcurso de la noche del 20 de mayo, los defensores particulares de Luis Miguel Ipiña intentaron entrevistarse con él y conocer su situación jurídica, en todo momento el Agente del Ministerio Público de la Federación obstaculizó la labor de defensa, primero bajo el argumento de que Ipiña ya tenía asignado un defensor público, luego bajo el pretexto de que la averiguación ya se encontraba prácticamente integrada por lo cual la intervención de los defensores resultaba innecesaria.
 
El 21 de agosto de 2011, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de Luis Miguel Ipiña Doña, por considerarlo probable responsable del delito de  Posesión de Arma de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
 
Con fecha 24 de mayo de 2011 el Juez Segundo de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, sin realizar un análisis exhaustivo de las constancias que integraban la consignación, le dictó Auto de formal prisión y ordenó la apertura del procedimiento sumario lo cual redujo a 10 días el plazo para que la defensa legal de Ipiña pudiera ofrecer pruebas de descargo.
 
Ante la determinación del Juez Segundo de Distrito de emitir un Auto de formal prisión, la defensa legal interpuso el recurso de apelación, en el cual se argumentaron las diversas irregularidades cometidas por el Juzgador al momento de resolver la situación jurídica del Luis Miguel Ipiña, subrayando la ilegalidad de las pruebas (siembra, suplantación y manipulación de evidencias[3]) en las cuales sustentó su resolución el Juez de Distrito.
 
El recurso de apelación fue substanciado en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo titular con fecha 22 de septiembre de 2011 confirmó el Auto de Formal prisión, ya que consideró que los argumentos de la defensa eran intrascendentes, dado que la divergencia en los números de serie del arma larga, eran como consecuencia de un “error mecanográfico”.
 
Sin embargo el Magistrado, soslayó que el supuesto error mecanográfico no se cometió una sola vez, sino en cuatro ocasiones por distintos funcionarios, lo cual hecha para abajo el posible error. Además de manera inaudita el Juzgador consideró que no existía prueba fehaciente que desvirtuara el “error mecanográfico” obviando que la impresión fotográfica del arma larga es elocuente en cuanto a la divergencia del número de serie, amén de que tal documento tiene valor probatorio de indicio, lo cual fue reconocido por el propio Magistrado.
 
Ante la determinación asumida por el Magistrado, la defensa legal de Luis Miguel Ipiña, interpuso juicio de amparo indirecto.
 
A juicio de la defensa, si el caso de Luis Miguel Ipiña no tuviera un componente político, la determinación del Magistrado del Tribunal Unitario hubiera sido distinta. Sin embargo el elemento político sigue gravitando en la decisión judicial.
 
Una cuestión que resulta importante destacar, es la relativa que el Magistrado que tuvo a su cargo la tramitación del recurso de apelación,  siendo Juez de Distrito, conoció del juicio de amparo mediante el cual se impugnó la decisión de la cancillería mexicana de concederle al estado Español la petición de extradición de Lázaro Galarza, ciudadano de origen vasco[4]; también siendo Juez de Distrito, el Magistrado conoció de un juicio de amparo que promovieron los seis ciudadanos vascos cuya extradición hacia España fue concedida por las autoridades mexicanas, en esa ocasión el juzgador les concedió un amparo para efectos que no tuvo mayor trascendencia jurídica. 
 
Sin embargo, el quid del asunto aún y cuando Luis Miguel Ipiña sea exonerado, reside en el propósito de las autoridades mexicanas quienes a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pretenden criminalizar a la comunidad vasca, reeditando en México el tristemente célebre caso Raúl Reyes, mediante el cual las autoridades colombianas se dedicaron a perseguir a toda clase de activistas acusándolos de estar relacionados con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, hasta que en el mes de abril del presente año, la Corte Suprema de Colombia decretó la ilegalidad de la actuación ministerial que se había llevado a cabo en el Campamento de los Sucumbios en Ecuador.
 
A la anterior conclusión se llega, debido a que a partir del cateo realizado en la casa de Juan Carlos Recarte, las autoridades cuentan con varios equipos informáticos que pueden manipular a su antojo, por lo que no sería descabellado considerar que se encuentra en curso una acción mediática que busque por un lado continuar criminalizando a la comunidad Vasca, sino también desviar la atención de los graves problemas que actualmente aquejan a la sociedad mexicana.


[1] A manera de ejemplo se puede citar que en la indagatoria existe un correo electrónico que presuntamente fue extraído de uno de los ordenadores que fueron confiscados durante la diligencia de cateo que se llevó a cabo en el domicilio de Juan Carlos Recarte, dicho correo fue enviado el 24 de diciembre de 2008 por una persona que se identifica como Koldomikel [centrovasco@prodigy.net.mx] -y que el Fiscal Federal deduce que es Luis Miguel Ipiña, dado que éste último nombre es la traducción de la lengua Vasca al Español, además de que Ipiña Doña tiene un Blog en el que se identifica con el nombre de Koldomikel-  a otra persona cuya dirección electrónica es koldomikel@terra.com.mx.
 
En ese correo “Luis Miguel Ipia” (no Ipiña) se dirige a un señor “Blasco” mencionándole que le remite fotos del armamento que le solicitó, y que sólo estaba pendiente el pago, quedando en lo pactado sin cambios
 
Lo interesante del correo es que fue enviado el 24 de diciembre de 2008, sin embargo los archivos que se adjuntaron al email aparece que fueron modificados en 9 de febrero de 2009.
 
Es importante mencionar que Luis Miguel Ipiña, creó una cuenta de correo a principios del presente año cuya dirección es koldomikel@terra.com.  ésta una cuenta de correo es parecida a la que aparece en el email, salvo que la primera es koldomikel@terra.com.mx.   

[2] De acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nació, el inculpado antes de declarar tiene derecho a una entrevista previa con su defensor, en el caso de Luis Miguel Ipiña Doña, dicha prerrogativa le fue conculcada.
[3] Entre las cuestiones más importantes que la defensa argumentó y que además se encuentran acreditadas en la Causa Penal, es que el número de serie del arma larga descrita en el acta de cateo es distinto al de las fotografías del arma que supuestamente fue encontrada en el interior del domicilio de Ipiña; otra inconsistencia importante es que el número de serie del equipo de computo que se describe en el acta de cato y que presuntamente también fue encontrado en el interior del domicilio, de igual manera no concuerda con el número de serie del equipo que aparece en las impresiones gráficas; finalmente al realizar el dictamen en balística el perito realiza la descripción de un cargador que no fue recolectado en el interior del domicilio de Ipiña.
[4] En aquella ocasión el Juez de Distrito le concedió el amparo a Lázaro Galarza, lo que a la postre evitó su extradición. Sin embargo no deja de llamar la atención que el Juzgador ha estado involucrado en la resolución de tres procesos entablados en contra de miembros de la comunidad Vasca, lo cual no puede ser considerado como circunstancial, sino que más bien denota que es un Juez de consigna.

6ta semana de solidaridad con el Pueblo Vasco

Elkartasun Astea

«Los exiliados vamos a ser un activo para el proceso»


El colectivo de exiliadas y exiliados políticos vascos quiere ser «un activo» en el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria y, concretamente, en un «proceso resolutivo integral» que debe abordar tanto las raíces como las consecuencias del conflicto. «Estamos al cien por cien en este proceso», declara a GARA una representación de este colectivo.

Iñaki SOTO | Mikel JAUREGI

Son solo diez de las cientos de personas que integran el colectivo de exiliados vascos, pero sus testimonios y trayectorias vitales sirven para ilustrar una realidad marcada por la injusticia y la represión. Este diario ha mantenido un encuentro con Lourdes Mendinueta, Xabier Arin, Jokin Aranalde, Jaione Dorai, Itziar Imaz, Ibai Peña, Eloi Uriarte, Jon Irazola, Xabi Ezkerra y Mikel Petuya para conocer, de primera mano, la opinión de los refugiados respecto al nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria y al papel que está dispuesto a jugar este colectivo en el proceso de resolución.

El elemento principal que caracteriza a la decena de personas reunidas en el puerto de Sokoa es que se trata de un grupo muy heterogéneo. Entre ellas hay gente que tuvo que abandonar su localidad natal cuando Francisco Franco todavía vivía; está el caso de varios jóvenes que optaron por huir cuando, desde la Audiencia Nacional española, se dio inicio hace unos pocos años a las redadas contra miembros de organizaciones juveniles independentistas; hay militantes veteranos que han pasado por la cárcel y también quienes han tenido que buscar refugio en países muy diversos y distantes; algunas de ellas tienen su situación regularizada, trabajan y cotizan a la Seguridad Social, mientras otras no cuentan ni con el más mínimo documento legal; hay mujeres, veinteañeros, personas de edad ya avanzada…

Esa diversidad, según explican, es extensible al conjunto del colectivo de exiliados. «La pluralidad del colectivo viene marcada por la propia represión. La persecución que han venido desarrollando los estados español y francés contra los vascos en las últimas décadas ha ido generando más y más exiliados. No ha existido pausa alguna; es un fenómeno que se ha venido sucediendo ininterrumpidamente como consecuencia de la batería de medidas que los estados han ido adoptando con el paso de los años».

Recuerdan que ya en los 60 «el Estado español nos dio leña» y que «desde siempre, de una forma u otra, los dos estados han trabajado codo con codo» contra ellos. Unas veces haciendo uso de las vías diplomáticas -«como en el 82, cuando Felipe González llega a La Moncloa e intenta incidir en las autoridades francesas respecto a su actitud con los refugiados que residíamos en Ipar Euskal Herria»-, y otras por medios mucho más drásticos y que poco tuvieron que ver con la legalidad: la guerra sucia. «Los GAL consiguieron hacer cambiar la actitud del Gobierno francés», afirma uno de ellos.

La deportación

La puesta en marcha de una medida como la deportación, entre los años 83 y 86, supone otro punto de inflexión en esa caracterización tan diversa del colectivo. Nace la figura del deportado vasco, que era enviado a un tercer país. «Generalmente, se trataba de países que habían dejado atrás recientemente su etapa como colonia», precisan los refugiados, que enumeran acto seguido destinos como Cabo Verde, Sao Tomé, Togo, Panamá, Venezuela, Santo Domingo…

«A esos militantes se les da un estatuto que no existe, lo que supone una decisión que no se sostiene jurídicamente. Y la arbitrariedad con la que es aplicada acarrea un problema humano», resalta uno de los interlocutores. Además de la dispersión de militantes «por todo el mundo», la deportación ha conllevado otra consecuencia: «Ha conseguido cambiar a las personas y, en muchos casos, convertirlas en víctimas». En ese sentido, reconocen que la deportación «ha cumplido sus objetivos. Es duro decirlo, pero es así».

¿Y cuál sería la forma de solucionar su situación? La respuesta es clara y firme: «Para nuestro colectivo es una cuestión prioritaria que los deportados puedan regresar a Euskal Herria. Pero eso no puede caer sobre nuestras espaldas; debe solucionarlo quien lo generó, y ahí la responsabilidad máxima es de las autoridades francesas. Eso no quiere decir que, en lo que a nosotros concierne, no vayamos a dar ningún paso».

Hacen hincapié en que las decisiones sobre la situación del conjunto de los exiliados serán colectivas, pero también apuntan que cada caso deberá tener un tratamiento jurídico y personalizado.

Comunidad internacional

Del mismo modo que una de las claves del proceso abierto por la izquierda abertzale es la implicación de la comunidad internacional, el colectivo de refugiados vascos también contempla desarrollar una labor en ese ámbito. Además en su caso esa perspectiva resulta obligada, en tanto en cuanto su situación ha derivado en una realidad jurídicamente insostenible a nivel internacional o, dicho de otro modo, en multitud de situaciones arbitrarias que se extienden por multitud de países en diferentes continentes y países. Algo que tanto los estados implicados como las agencias que tratan el tema de los refugiados y diferentes organismos internacionales deben ayudar a solucionar de una manera «ordenada». Esta es una de las palabras -ordenada- en la que más énfasis ponen los representantes del Colectivo, conscientes como nadie de la dificultad de esta tarea.

Hasta el momento, las organizaciones y agencias internacionales de este ámbito han esquivado el caso vasco. En cierto sentido se sienten más cómodos tratando tragedias lejanas en países en vías de desarrollo. Ahora es de suponer que estarán más receptivos e interesados, menos condicionados por la labor diplomática de los estados español y francés. Paradójicamente, la condición de «ciudadanos europeos», que para bien o para mal ostentan los refugiados vascos, un estatus que en ciertos aspectos administrativos o legales puede resultar una ventaja, desconcierta a algunos de los interlocutores con los que han hablado hasta ahora. Es en cierta medida un caso insólito, muy distinto de los que suelen tratar.

Sin embargo, los refugiados ven esto como un valor, una situación llena de oportunidades y potencialidades. «Puede que no acertemos, nadie puede asegurar que acertaremos, pero no será por no intentarlo, por no poner todo lo que esté en nuestras manos», afirma uno de ellos. La frase contiene implícitamente una autocrítica, y al preguntarle, no lo niega. «No siempre hemos tomado las decisiones acertadas, a veces han sido decisiones que han llegado tarde y han sido difíciles de entender, tanto para los propios refugiados como para el pueblo en general».

Sin salir del ámbito internacional, los refugiados también lanzan una mirada a otros procesos similares y, mientras desde diferentes púlpitos algunos intentan marcar las diferencias entre otros modelos de resolución y el caso vasco, los protagonistas reivindican algunas similitudes. Por ejemplo, respecto al caso irlandés, resaltan una paradoja que también tuvo lugar en la isla: «Un día nosotros salimos de nuestras casas, huimos por diferentes razones y, mira por dónde, muchos de nosotros fuimos a parar… a Euskal Herria, solo que a otra parte del país. Igual que los irlandeses que pasaron la frontera para acabar en Irlanda».

En este punto, más de uno de ellos y ellas resalta lo enriquecedor que ha resultado la experiencia de los refugiados para Euskal Herria en su conjunto, sin por ello dulcificar situaciones muy duras y sin ocultar que han existido fuertes discrepancias sobre esta cuestión, también entre abertzales. Todos los presentes defienden que, en general, los refugiados han intentado aportar lo mejor que han tenido a los sitios adonde han ido, donde les han acogido, y muy especialmente a Ipar Euskal Herria. Acto seguido, al unísono, también reconocen que esta peculiar relación interfronteriza también les ha aportado mucho, tanto en el plano personal como desde la perspectiva de la lucha por la liberación de Euskal Herria.

100% con el proceso democrático

El punto de partida de la reflexión que hace el colectivo de refugiados es que están plenamente implicados con las decisiones que se han tomado, con la estrategia adoptada por el conjunto de la izquierda abertzale. «Estamos al 100% en este proceso», afirman con rotundidad. «Como consecuencia de ese proceso se debe establecer un marco democrático para que se pueda dar una confrontación también democrática», apostillan.

En este contexto, dentro de un esquema de resolución integral, su situación también debe de ser contemplada. La propia Declaración de Aiete lo constataba en el epígrafe denominado «Consecuencias del conflicto». En este sentido, lo tienen claro: «En este proceso nosotros estamos representados en una mesa, una de las partes tiene la autoridad y legitimidad para representarnos, pero también tenemos claro que no queremos convertirnos en elemento de bloqueo, algo que los estados puedan utilizar para dilatar o plantear como problema». Por esa razón, afirman que no van a estar parados, que no se van a sentar a esperar su turno en el orden del día.

Con la pena de no poder acudir a la manifestación de mañana en Bilbo, saben que la situación de los presos es prioritaria.

Los refugiados consideran que el camino recorrido hasta ahora ha demostrado el valor de la unilateralidad y admiten que en este momento también están valorando qué pueden hacer desde esa perspectiva. Insisten en que no van a quedarse «parados».

El debate que están desarrollando ahora dentro de este colectivo, con todas las dificultades añadidas por la distancia y las diferentes situaciones legales y personales de sus integrantes, tiene entre sus objetivos abrir una dinámica propia, destinada a «convertirse en un activo para el proceso». Aseguran que «en este momento histórico, como siempre, esa es la vocación de este colectivo: convertirnos en un activo para la democracia y la libertad de este país».
LARRESOROn, 15ean

Urtero bezala, Errefuxiatuen Eguna -Elkartasun Eguna izenez ere ezagutzen dena- egitekoa da Larresoron; aurten urtarrilaren 15ean, igandez. Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboak agerraldia egiteko asmoa du Lapurdiko herrian.
Etxean bizi nahi dute

«Euskal Herrian bizitzeko eskubidea». Urte luzez aldarrikatu duten goiburu horretan sakontzeko borondate irmoa dutela jakinarazi diote GARAri errefuxiatuek, azken muturreraino eramatekoa, esanahi osoan betetzekoa.
La pluralidad de un colectivo

Los exiliados con los que GARA se reunió son un buen ejemplo de la pluralidad que ha generado la batería de medidas represivas adoptada por los estados durante décadas. Algunos, como Arin o Uriarte, escaparon en el franquismo, mientras que los más jóvenes -Dorai, Peña y Petuya- aún no habían nacido por aquel entonces. Aranalde fue detenido y torturado durante el franquismo y volvió a padecer el mismo calvario casi tres décadas más tarde. Luego huyó. Ezkerra e Irazola llevan 36 y 30 años exiliados, respectivamente, y se conocieron bastantes años más tarde, en 1995, en una protesta en la catedral de Baiona. Hace más de treinta años que Mendinueta dejó Sakana e Imaz lleva 42 años exiliada -en la imagen aparecen conversando cerca del espigón de Sokoa-. Esta última es la viuda de José Luis Arrieta, Azkoiti, que falleció en el exilio. I.S. – M.J.

Km-0 Las mil caras de la dispersión

Mini documental acerca de la situación que viven los familiares de los y las presas políticas vascas a causa de la aplicación de la política de dispersión por parte de los Estados Español y Francés

Firma el MANIFIESTO a favor de los presos políticos vascos

En el camino de resolución del conflicto vasco se están dando
diferentes iniciativas. En este caso es a favor de los derechos de los
presos vascos mediante un manifiesto al cual se le dará lectura al
finalizarla manifestación nacional que se llevara a cabo en Bilbao.
Si te quieres adherir entra en : http://kolosalaizangoda.info

Un nuevo ciclo político ilumina Euskal Herria. Multitud de agentes
políticos, sindicales y diver- sas organizaciones de todo el mundo
trabajan junto a la sociedad vasca con el objetivo de lograr una
solución justa a un conflicto que se ha alargado durante décadas.
Una labor que ha dado sus frutos, ya que estamos recorriendo el camino
para llevar a Euskal Herria hacia una democracia y paz real. Aún queda
mucho por hacer, pero no es poco lo realizado hasta el momento. El
dialogo abierto durante los últimos meses y los acuerdos y las
resoluciones adoptadas muestran la solidez de los cimientos de la
resolución del conflicto. Es tamos haciendo el camino, poco a poco,
de estación en estación.

El proceso de resolución del conflicto debe reparar con atención tanto
en las causas del conflicto como en sus consecuencias. Esto, entre
otras muchas cuestiones, nos obliga a hablar de la si- tuación que
viven los y las presas políticas vascas. Durante las últimas semanas
son muchos los que han situado su foco de atención en esta situación,
desde el Acuerdo de Gernika hasta un sin fin de representantes
políticos y organismos a favor de los Derechos Humanos, tanto en el
País Vasco como en el ámbito internacional. La situación de los y las
presas está presente en la agenda polí- tica. Por nuestra parte,
tenemos claro que la política penitenciaria debe situarse en claves de re- solución democrática. En ese sentido, consideramos oportunas también para Euskal Herria las soluciones aplicadas para los y las presas en con-
flictos como el de Irlanda o Sudáfrica.

Aún así, consideramos que a pesar de que la si- tuación de los y las
presas está presente en la agenda política, la política penitenciaria
continúa vulnerando sus derechos más fundamentales. Son muchas los y
las presas que siguen encarce- ladas a pesar de haber cumplido su
condena. Ac- tualmente, continúa habiendo presos y presas que con
enfermedades sumamente graves no son excarceladas. La dispersión
provoca accidentes de forma constante. Se trata de situaciones que
vivi- mos con extrema preocupación y que deben de ser resueltas con
suma urgencia.

Ante semejante atropello consideramos funda- mental la implicación de
la sociedad. En el País Vasco, una amplia mayoría del mapa político,
sin- dical y social ha insistido reiteradamente por el final de la
política penitenciaria vigente, al igual que lo han hecho multitud de
agentes y organis- mos de carácter internacional. Sin embargo, el
hecho de que la situación no haya sufrido apenas modificaciones, nos
ha llevado a considerar que es el momento de reforzar las siguientes
peticiones:

1- Que los y las presas vascas sean trasladadas a Euskal Herria.
2- La derogación de la doctrina 197/2006 que se aplica en el Estado español y que se encamine la salida de los y las presas que ya han cumplido su condena.
3- La desactivación de la cadena perpetua que se impone en el Estado francés, dando paso así a la libertad condicional.
4- La liberación de los y las presas que han cumplido las 3⁄4 partes de su condena.
5- La liberación de los y las presas gravemente enfermas y la toma de medidas para la asistencia sanitaria adecuada para todas las personas encarceladas.
6- Que la política penitenciaria que aplican los Estados español y francés se sitúe en claves de resolución, para incidir en positivo en la vía abierta para la solución del conflicto que vive el País Vasco.

En adhesión a estas reclamaciones, llamamos a la ciudadanía a tomar
parte en la movilización general popular convocada para el próximo 7
de enero en Bilbao.
Sinatu!

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